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Desde el pasado viernes 16 y tras la reforma del Código Penal, la zoofilia podrá sancionarse con pena de tres meses a un año de cárcel para la persona humana que la ejerza. Así lo ha establecido el Congreso de los Diputados tras la presión social de diferentes grupos animalistas y las más de 140.000 firmas recogidas en Change.org por el Observatorio de Justicia y Defensa Animal (OJDA) en su campaña “No somos objetos sexuales”.

Hace siete años en Valencia, una perra que vivía en una protectora fue violada y torturada. Hace cinco años en Catalunya, 30 ovejas fueron robadas de su explotador, siendo una de ellas violada mientras se la grababa en vídeo. Hace tres años en Almería, un violador de yeguas mató a un caballo introduciéndole un palo por el ano. Estos tres casos son parte del Informe Jurídico presentado el año pasado por el OJDA al Ministerio de Justicia, el Congreso y el Senado. El impulso de reformas legislativas es un aspecto importante del Observatorio, para así “mejorar el estatuto jurídico de los animales en nuestro país y avanzar en el necesario progreso moral y legal que supone el respeto y la defensa de derechos de los animales no humanos”. Apoyándoles, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) también envió al Congreso un dossier con varios estudios que relacionan un vínculo existente entre la zoofilia y los abusos a humanos.

La reforma del Código Penal difiere ligeramente de las propuestas de las activistas por los Derechos Animales, las cuales no todas se han tenido en cuenta. Desde el OJDA se propone la pena máxima de tres años a las personas causantes de maltrato animal y zoofilia, también una revisión completa del tipo de agravantes, penalizar con multa de hasta dos años por distribución y posesión de material pornográfico con otras especies y la privación de libertad de hasta un año por abandono. Frente a las propuestas, la Comisión de Justicia del Congreso ha acordado que se castigará a quien “maltrate injustificadamente cualquier animal que no viva en estado salvaje, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual“. Se exime de ser culpable de delito aquella persona que maltrate en espectáculos públicos legalmente autorizados como circos y corridas de toros. Así mismo, tampoco se entiende como violación aquellas realizadas a las no humanas cuyo objetivo final sea el de la producción de alimentos.

La noticia ha sido bien recibida por las diferentes organizaciones animalistas que, sin embargo, creen que no es suficiente. “Pedimos una pena máxima de 3 años, porque siendo inferior a dos años, nadie entrará en la cárcel a no ser que tenga antecedentes penales. Esto es esencial de cara a efecto disuasorio: ‘si me pillan, voy a la cárcel’. Es un paso desde luego que se tipifique, pero además es necesario una pena de prisión y una concienciación en la sociedad de que es una cosa grave” declara Nuria Menéndez de Llano, directora del OJDA. Aïda Gascón afirma tajante: “Es inadmisible que no se incluya en el código penal el extremo caso de maltrato animal que se da cada año en Tordesillas, con el Toro de la Vega. Existen estudios suficientes que relacionan la violencia hacia animales como antecedente de la violencia, asesinato y violación a personas. ¿Qué sociedad estamos promoviendo protegiendo la tauromaquia?”. “Desde Igualdad Animal, aunque valoramos positivamente algunas de las medidas propuestas, nos parecen insuficientes“, ha añadido Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal. PACMA, por otro lado, lo considera positivo, pero insuficiente y recuerda que sigue paralizada la Ley de Comercio y Tenencia de Animales, que iba a prohibir la venta de estos.

Y aunque la Asociación de Parlamentarios en Defensa de los Animales (APDDA) cree tipificar la zoofilia como delito es un avance histórico, países como Malasia y Nueva Zelanda imponen penas de hasta 20 y 7 años de privación de la libertad por tener sexo con otras especies, respectivamente.

TVAnimalista – Madrid

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Por segundo año consecutivo la asociación francesa CREL organiza el próximo dia 8 de junio una manifestación internacional en Estrasburgo para pedir a la Unión Europea la intervención frente a la violencia ejercida sobre los perros usados para la caza en España.

La manifestación internacional contará, tal como lo hizo en el 2012, con el apoyo y asistencia de la eurodiputada, y también presidenta de Intergroup y Protección y Bienestar de los Animales, Michèle Striffler. “Lo que esta pasando en Europa merece ser sabido.(…) Espero sinceramente que este evento sirva para dar luz a la manera que los galgos de España son tratados, sobre todo en las zonas del sur.” manifestaba Striffler en una carta dirigida al presidente de CREL, Jerome Guillot. La Eurodiputada planteará también públicamente ante en el Parlamento Europeo la situación del galgo español.

La asociación SOS Galgos junto al Partido Animalista, PACMA; convocan concentraciones de apoyo en Barcelona y Madrid, frente a las sedes de las Comisiones Europeas, el domingo dia 9 de junio a las 11:30 h.

Cada año, miles de perros usados para la caza son abandonados, mutilados, ahorcados o quemados cuando finaliza la temporada.Se calcula que en España, cada año, unos 60.000 galgos son desechados por cazadores.

Según SOS Galgos “Estos animales son literalmente armas usar y tirar” por lo que es muy común, a partir de febrero, presenciar galgos abandonados en zonas rurales de Andalucía, Extremadura, Murcia o las dos Castillas, principalmente.

Asociaciones españolas e internacionales llevan años luchando contra la violencia ejercida sobre los galgos y otros perros usados para la caza, sin ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades. “Con el agravante de que la misma administración pública promueve actividades relacionadas con la caza, como es el caso de la recientemente celebrada “Feria del Galgo en Villanueva de la Serena” (Badajoz)” explica en un comunicado SOS Galgos.

Desde PACMA exigen que se depuren responsabilidades, que se endurezcan las penas por maltrato y que se impida a los maltratadores la tenencia de animales. Asimismo afirman que “España, como estado miembro de la Unión Europea, debe adecuarse a la Directiva Europea sobre Bienestar Animal“. Por ello, reclaman a las instituciones europeas que intervengan ante “este drama e intercedan para que en España se tomen medidas al respecto”.

El pasado 15 de abril, varios eurodiputados lanzaron la Declaración Escrita 0006/2013 para solicitar responsabilidades y cambios legales.

Para que este documento sea aceptado en el Parlamento Europeo, tiene que ser firmado por la mayoría de los y las diputadas, en los próximos tres meses, de esta manera entrará en vigor oficialmente y la Comisión Europea tendrá que respetar las disposiciones de esta declaración y se tendrá que aplicar a los 27 Estados Miembros.

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