Insistentes versiones apuntan que existen posibilidades de que el Tribunal Constitucional español declare anticonstitucional la Ley aprobada en Cataluña en 2010 aboliendo las corridas de toros en esta Comunidad Autónoma (Ley 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2008).

Desde Plataforma PROU, encargada de llevar adelante el proceso de abolición y de defenderlo durante todos estos años, tenemos tranquilidad jurídica combinada con una fuerte indignación política.

Sabemos que de darse a conocer esta noticia en un sentido negativo, que conllevaría una clara agenda política (pues saldría días después de las elecciones en Cataluña, que son el 27 de septiembre) los medios de comunicación de todo el mundo cubrirían la noticia y, en especial, aquellos con tendencia taurina.

La abogada de Plataforma PROU Anna Mulà concluye, ante esta posibilidad, que “Una sentencia en esta dirección sobre una Ley jurídicamente impecable demostraría un hecho que venía siendo un rumor, y es que el TC tiene una agenda marcada por el Gobierno español, un Gobierno taurino y que sirve a los intereses de este sector”.

Una vez la sentencia sea pública y se pueda analizar su contenido, Plataforma PROU emitirá un comunicado oficial con una hoja de ruta para oponerse a la decisión en un sentido político y jurídico.

Hasta el momento queremos puntualizar lo siguiente:

1- Es la primera vez que el TC dicta una sentencia declarando la inconstitucionalidad de una iniciativa legislativa popular.

España es un país con leyes de participación ciudadana nada garantistas y donde los referéndums y consultas son inexistentes. Las pocas ILPs que se han presentado han sido inadmitidas, archivadas o desestimadas por los poderes legislativos alllegar a los gobiernos.

Siendo esta una de las pocas ocasiones en las que una ILP, ejemplar en formas y fondo, es aprobada por un parlamento, ésta sería anulada por el poder judicial. Este hecho haría doblemente grave la sentencia.

2- Vulneración de derechos democráticos.

Entendemos que con una sentencia desfavorable se vulnera el derecho político de un pueblo, el pueblo catalán, el de 180.169 personas que firmaron la ILP y el de millones de personas que están de acuerdo con ella, así como el de la Plataforma PROU encargada recoger las firmas, crear la movilización y defender, junto con los partidos políticos afines, la Ley en el Parlamento catalán. Los derechos políticos y de participación ciudadana legislativa se encuentran recogidos en el texto constitucional y tienen un reflejo en las declaraciones internacionales de derechos humanos, y entendemos que el TC no debería incurrir en esta vulneración.

3- Precedentes jurídicos.

El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña emitió en 2010, previamente a la aprobación de la Ley, un dictamen que supuso un precedente jurídico que el TC no debería desoír. Este dictamen declaró que la Ley no era contraria a la Constitución Española y que se adecuaba a sus postulados.

4- El futuro.

La Plataforma PROU analizará la Sentencia y pocos días después anunciará su reacción política y jurídica si se vulneran derechos políticos; además se encargará de difundir internacionalmente esta reacción con el apoyo de las organizaciones y personalidades que apoyaron la campaña.