El Observatorio Justicia y Defensa Animal ha remitido esta mañana un escrito al Defensor del Pueblo andaluz denunciando que la actual estructura del Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, sin representatividad animalista, supone una grave discriminación por parte de la Junta de Andalucía hacia las entidades de defensa animal.

El Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, órgano consultivo que fue creado hace escasos cuatro meses como instrumento de asesoramiento, consulta y estudio en materia de protección animales llamados de compañía, tiene atribuidas, entre otras funciones, la emisión de informes y propuestas a las distintas instituciones de todas aquellas cuestiones relativas a su protección. El Observatorio, que en su momento celebró la creación de este Consejo, no entiende, sin embargo, que de su composición hayan sido excluidos precisamente los colectivos que ostentan el interés legítimo en la defensa de los animales.

Habida cuenta de las funciones que este Consejo tiene, la no presencia de ningún representante de colectivos animalistas implica un menoscabo de los principios constitucionales derivados del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos así como del derecho de audiencia de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones reglamentarias. Además, constituye un desconsiderado despropósito y un agravio comparativo de nefastas consecuencias para los intereses afectados que, en este caso, más que en ningún otro, deben ser tenidos en cuenta, ya que los animales no tienen ni voz propia ni pueden velar directamente por su defensa e intereses, de ahí la importancia de que se respete la representatividad del colectivo de entidades de defensa de los derechos de los animales en el mencionado Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía.

El Observatorio recuerda que el artículo 23 de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de representantes, mientras que el artículo 105 a) de nuestra Carta Magna defiende la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. Y, aun no siendo estrictamente parte del contenido de este derecho fundamental la participación o audiencia de los ciudadanos en los órganos asesores de la administración pública, sí resulta una emanación legal de dicho derecho fundamental genérico, por lo que debería responder a los mismos criterios de representatividad de los intereses afectados. En este mismo sentido el artículo 92.2 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía dispone que el número de miembros de los órganos colegiados de la administración andaluza “deberá ser proporcionado a la naturaleza y características de las funciones del órgano colegiado y, en su caso, a los intereses representados en el mismo, debiendo garantizarse la celeridad y la eficacia de su funcionamiento”.

En su escrito al Defensor del Pueblo andaluz, a quien se pide que intervenga e intermedie ante la Junta para que reforme la composición del citado Consejo, el Observatorio recuerda que en otros Consejos análogos creados por la Junta de Andalucía, como el caso del Consejo Andaluz de Biodiversidad, se encuentran fuertemente representados los colectivos afectados o interesados, como el de los cazadores y pescadores deportivos; o como en el caso del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, donde hay representantes de los empresarios y los sindicatos; o, finalmente, en el caso del Consejo Audiovisual de Andalucía, que está mayoritariamente conformado por profesionales del ámbito de las Ciencias de la Comunicación, la educación o la cultura.

Desde el Observatorio Justicia y Defensa Animal consideramos urgente y necesario que se reforme la composición del Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía para que en su seno estén representadas las entidades que defienden los intereses de los animales. En el momento actual, en el que como consecuencia del desarrollo ético, social y cultural se manifiesta una cada vez más importante sensibilidad tendente hacia el respeto y la consideración moral y ética hacia los animales, los colectivos de defensa de los animales tienen que estar más presentes que nunca en este Consejo, y su exclusión no tiene ningún sentido ni justificación.