Archivada la causa por tráfico de animales

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Almunia ha dado carpetazo al proceso penal que se seguía contra el exresponsable del Aviapark de La Muela, Alberto Cortés, y una exempleada del recinto, Carmen Fuentes. La jueza ha sobreseído provisionalmente las actuaciones y decretado su archivo porque, según las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el presunto contrabando de animales no habría alcanzado los 150.000 euros que marca la legislación para considerarse delito.

De no aparecer nuevas pruebas, el Ayuntamiento de la Muela tendrá que recurrir a la vía administrativa –que no agota el archivo– para que Cortés y Fuentes sean juzgados por faltas. El plazo para recurrir el archivo de la vía penal ya ha expirado, pero fuentes municipales indicaron que se estudiarán formas de continuar con el proceso “porque las infracciones están ahí, no las puede negar nadie”. El abogado de Cortés, Jesús Manuel Bueno, explicó que también sopesa emprender acciones legales por los daños morales infligidos a su defendido por la imputación, ya que sostiene que las irregularidades serían imputables en todo caso a la Sociedad Municipal Cultural y Deportiva de La Muela, en proceso de disolución.

Las investigaciones del Seprona comenzaron hace ahora un año, a raíz de la denuncia de un ciudadano que había dejado varios animales depositados en el Aviapark no los encontraba en el complejo, y nadie le decía dónde estaban. La queja, junto a las informaciones periodísticas sobre el mal estado de los animales y la falta de financiación del centro, llevó a la Guardia Civil a iniciar una investigación.

En ella, descubrieron que una gineta del citado denunciante había sido vendida a un barcelonés -que buscaba una por internet- sin comunicárselo a su propietario y sin registrar contablemente los 600 euros que le pagaron al propietario inicial.

Tampoco encontraron a un coatí que había dejado en el centro, y que luego apareció registrado como “defunción”. Pero este registro fue apuntado el 24 de agosto, bastante después de recibida la denuncia y sin haber comunicado la muerte previamente al Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón (Riaca).

A esto se unían correos electrónicos en los que el exdirector del centro ofrecía una treintena de animales del centro por 2.500 euros. Ante la Guardia Civil, tanto él como la empleada negaron haber tenido relación con la venta o la compra de los bichos que poblaban el Aviapark. Además, ambos eximputados se atribuyeron mutuamente el manejo de la base de datos. Cortés dimitió hace un año por desavenencias con el consistorio, que no podía afrontar el mantenimiento del zoológico.

Fuente: elperiodicodearagon.com