El 22 de junio se cumple un año de la detención de los 12 activistas por los Derechos Animales en el estado español. A un año vista, el proceso sigue abierto, siguen en libertad provisional con cargos y están pendientes de juicio.

Durante este nuevo año, el movimiento por los Derechos Animales ha seguido trabajando y creciendo, presentando nuevas investigaciones y denunciando la explotación que el especismo provoca sobre las víctimas de este sistema represivo para todos quienes reclaman o requieren justicia.

 

 

El 22 de junio de 2011, más de 200 miembros de los cuerpos de seguridad del estado efectuaban una redada en las casas de 12 activistas por los Derechos Animales. Tres de estos activistas pasaron 19 días en prisión preventiva y, a día de hoy, todos se encuentran en libertad provisional con cargos y deben presentarse cada mes a firmar en los juzgados.

Los doce pertenecían a las organizaciones Igualdad Animal y Equanimal, ambas conocidas por sus mediáticas acciones como las irrupciones a pasarelas, saltos al ruedo, sabotajes a la caza, descuelgues… y por sus investigaciones en centros de explotación animal.

 

¿De qué se les acusa?

A los activistas se les pretende responsabilizar de las liberaciones de visones, ocurridas en los años 2007 y 2009 en Galicia, algunas de ellas reivindicadas por el Frente de Liberación Animal. Además, se les responsabiliza de una serie de acciones realizadas de forma clandestina, como sabotajes a infraestructuras de centros de explotación animal, así como de organización ilícita y amenazas.

 

Activismo y desobediencia civil

Una parte del activismo de estas y otras organizaciones, tanto en el estado español como en el resto del mundo, se enmarca dentro de la Desobediencia Civil.
La desobediencia civil ha sido llevada a cabo por personas como Rosa Parks o Martin Luther King que precisamente han pasado a la historia y han cambiado su rumbo gracias a ella y a sus proclamas para desobedecer leyes injustes.
 

En el marco de la desobediencia civil, admiten que en ocasiones algunos de ellos han entrado sin permiso en las granjas que han sido objeto de sus investigaciones, y por ello se les acusa también de allanamiento de domicilio de persona jurídica.

Esos actos de desobediencia civil son imprescindibles para que la realidad salga a la luz pública. No parece probable que el responsable del mismo sistema que explota a los animales esté interesado en informar a los posibles consumidores de lo que ocurre en el interior de las granjas, ni tampoco que dé su permiso para que lo hagan otros, ya que el público podría variar sus decisiones de consumo.

Cuando se realiza una investigación en un centro de explotación animal, los activistas tratan de mantener la máxima discreción para poder asegurar su realización pero, una vez acabada la misma, la hacen pública con el fin de que la sociedad conozca lo que les ocurre a los animales en esos lugares, incluso en empresas que han sido premiadas por la administración por su gestión con los animales.

Para el movimiento de Derechos Animales, la sociedad es la que debe tener la palabra para decidir su apoyo o no a la industria, por lo que consideran que actúan con plena legitimidad para salvar a algunos individuos, informar a la sociedad y provocar un cambio con unas finalidades sociales concretas.

 

Las irregularidades

El proceso presentó desde el principio una serie de irregularidades. Los activistas no pudieron estar presentes durante todo el registro, el juez que instruye el caso obvió su presunción de inocencia y los acusó públicamente de ser los responsables de los hechos así como de ejercer el terror.
la Audiencia Provincial declaró que su puesta en prisión preventiva no estaba justificada, pocas horas después de los registros las imágenes de sus casas estaban siendo emitidas por los medios de comunicación, violando así el secreto de sumario bajo el cual se encontraba el proceso…
Y el juez se refirió a ellos ante los medios de comunicación, etiquetándolos de “ecoterroristas”.

 

¿“Ecoterroristas”?

Terrorismo es un término que ha sufrido un abuso de lenguaje y, aunque se han documentado más de 100 definiciones diferentes, la forma más habitual de su uso es la que utilizan los estados intencionadamente para desacreditar a sus enemigos.

En 1982, Ron Arnold, vicepresidente de un grupo de relaciones públicas financiado por las industrias de explotación animal, inventó el término “Ecoterrorismo”.
En unas declaraciones al New York Times en 1991 Ron Arnold decía:

«Nosotros, el Centro para la Defensa de la Libre Empresa, hemos creado un sector de opinión pública donde antes no existía. Nadie pensaba que el ecologismo fuese un problema hasta que llegamos nosotros. Nuestro objetivo es destruir y erradicar el movimiento ecologista, estamos muy cansados. No vamos a aguantar más, vamos muy en serio y lo vamos a destruir.»

Para la industria, cualquier acción que tenga como consecuencia una decisión de los consumidores pasa a ser considerada un “acto de terrorismo”.

 

La industria, un lobby que modifica leyes

En 1992 varias empresas estadounidenses relacionadas con la explotación animal, se reunieron a modo de lobby con diferentes representantes políticos, para crear una nueva ley, la AEPA, que convertía en delito cualquier práctica que interfiriese en las empresas de explotación animal.
Bajo esta ley, seis activistas de la SHAC fueron condenados a seis años de cárcel por administrar una web. En 2006, las empresas que propusieron la AEPA, alegando que ésta no era suficiente, consiguieron crear una ley aún más dura: la AETA (Animal Enterprise Terrorism Act)
¿Es la solidaridad una conducta antisocial?
En el año 2007, la policía belga y holandesa llevaron a cabo treinta y dos redadas policiales para las que hicieron falta 700 agentes.
30 activistas fueron detenidos y 16 de ellos fueron acusados de conspiración por sus campañas pacíficas contra HLS.

En 2009, siete activistas de la SHAC en el Reino Unido, fueron condenados a once años de cárcel.
A muchos de los activistas que fueron detenidos se les aplicaron las ASBO´s , medida introducida por Tony Blair en el año 1998, cuyas siglas hacen referencia a Orden de Conducta Antisocial, y cuya finalidad es restringir ciertas libertades a las personas que potencialmente pueden cometer algún delito.

Las ASBO´s permiten que, en el caso de los activistas de la SHAC, cualquier acto o participación en una campaña contra la vivisección, administrar un sitio web u organizar una reunión pueda significar su ingreso o vuelta a prisión.

 

 

La misma represión en diferentes países

Otros casos de represión se han dado en Finlandia en 2009, cuando la organización Justicia para los Animales hizo pública una investigación sobre la industria de la explotación de cerdos. Dos años más tarde, cuando dos de los participantes en dicha investigación reconocieron públicamente haber grabado las imágenes, los granjeros los acusaron de “difamación grave”, en un nuevo intento de convertir la información en delito.

Pero uno de los casos más sonados, fue el del montaje policial que sufrió el movimiento de Derechos Animales en Austria. Se acusó a varios activistas de haber perpetrado multitud de acciones y sabotajes clandestinos, ocurridos en los últimos años. Todos ellos eran miembros muy activos de varias organizaciones que participaban en una exitosa campaña contra claida baua (Kleider Baüer), la mayor empresa de moda peletera.
Los directivos de dicha empresa se reunieron secretamente con la policía para acabar con las protestas. Los activistas se negaron a cesar sus protestas pacíficas apelando a su legitimidad, hasta que en 2008, arrestaron a 10 activistas que fueron puestos en prisión preventiva.

Se había utilizado por primera vez la ley 278a. Una ley que sólo se había utilizado hasta entonces contra organizaciones de narcotráfico y de trata de seres humanos. Amparados por esta ley, la policía espió durante años a todos estos activistas mediante intervenciones telefónicas, policías infiltrados, cámaras en sus portales, escuchas en sus hogares, seguimientos y poniendo localizadores en sus vehículos entre otras tácticas.
Tras catorce meses de juicio —el juicio más caro de la historia de Austria— fueron absueltos. La jueza absolvió a los trece acusados y afirmó que la policía mintió bajo juramento, que había realizado investigaciones ilegales y escondido algunos resultados de su investigación.

 

Unidos Contra la Represión

No es la primera vez que un movimiento de justicia social, es reprimido por los agentes que detentan el poder de seguir discriminando y ocultando la injusticia.
Por ello, la unión del movimiento de Derechos Animales y la lucha por las libertades civiles de sus componentes, es esencial para seguir trabajando por la justicia, y así se gestó la campaña Unidos Contra la Represión.

Un movimiento de justicia social no puede ser silenciado ni encarcelado. Los objetivos de la campaña son básicamente legitimar el movimiento y la liberación de los imputados.
Hasta el momento, la campaña Unidos Contra la Represión ha contado con múltiples actividades a nivel estatal e internacional, que demuestran la solidaridad de todas las personas implicadas en el movimiento de Derechos Animales con los imputados, y con la lucha por la difusión del proceso represivo, la liberación de los imputados y la legitimación del movimiento.

 

La legitimidad del movimiento de Derechos Animales

Los animales son confinados y esclavizados desde que los crean, inseminando los vientres de sus madres, hasta que finalmente se pone fin a su vida asesinándolos para convertirlos en productos.

El objetivo de la lucha por los Derechos Animales es acabar con la discriminación que sufren los animales fruto del especismo.
Para avanzar hacia la erradicación del especismo es necesario que la sociedad tome conciencia de la situación que padecen los animales, razón por la cual el activismo se centra en mostrarla, ya que no se pueden tomar decisiones sobre algo que se desconoce, y que se mantiene intencionadamente oculto.

Las industrias que velan por sus intereses económicos lo saben y por ello intentan impedir que se saque a la luz y que se acceda a esa información, y se esfuerzan por hacer cada día más propaganda que aleje de la realidad a los consumidores.

Las empresas aluden a la legitimidad y legalidad de sus negocios, y los activistas a la legitimidad de mostrar la realidad que se nos oculta y a la necesidad que la gente pueda tomar decisiones informadas.

Por ello, a pesar de los intereses de las industrias de explotación animal, a pesar de todas las injerencias políticas y judiciales contra la realidad y contra el cambio social, a pesar de toda la represión que sufre a nivel internacional el movimiento en defensa de los animales, éste sigue creciendo y llegando cada día a más personas, que dejan de participar en la explotación del resto de animales y que se implican en difundirlo.

 

Personas que deciden, con su responsabilidad individual y social, dejar de formar parte de la mayor injusticia de la historia para pasar a formar parte del cambio social más necesario.
Personas que han trabajado durante un nuevo año por la justicia. Igual que lo han hecho los imputados.

 

Enlaces de interés:

Web Unidos Contra la Represión
Igualdad Animal
Equanimal
Web Vivevegano.org

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